- Elección anula. Por paridad de votos, el Teniente de Gobernador “regula” la elección según los emitidos por el Alcalde 2º Manuel de la Sota y Regidor Miguel Martínez del Monje, resultando electos: Alcalde de 1º voto: Sargento Mayor Esteban Marcos de Mendoza; Alcalde de 2º voto: Sargento Mayor Manuel de Maziel; Alcaldes de la Hermandad: Sargentos Mayor Alejo de Altamirano; Capitán Miguel Arias Montiel; Procurador General y Defensor de Menores: Sargento Mayor José Troncoso; Mayordomo: Simón de Larranendi.

- El Alcalde Juan de Zevallos y el Regidor Vera Mújica propusieron el cumplimiento de la ley municipal que dispone que los oficios de Alcaldes de la Hermandad se cubran con los Alcaldes ordinarios salientes.

- El Teniente de Gobernador aprueba la elección y asumen los firmantes, encargándose a aquél recibir el juramento de los Alcaldes de la Hermandad.

- Simón de Larramendi renuncia como Mayordomo por “la suma pobreza en que se hallaba” y “la falta de salud”. Se le acepta, y es reelecto Antonio Gómez de Centurión.

Se dispone elevar al Gobernador testimonio del acto para su aprobación.

- Se levanta el punto a las causas justicia. Se reitera la costumbre de que los Alcaldes ordinarios porten el Estandarte el Jueves y Viernes Santos, por su orden. El Alcalde 1º, como Juez de Rentas. Correrá con los gastos de la ciudad, y se dispone tomarle cuentas al Mayordomo del año anterior. El Acalde 1º y el Fiel Ejecutor son encargados de fijar precio a los mantenimientos. El Regidor Vera Mújica se hace cargo del turno de Fiel Ejecutor. Antonio Gómez de Centurión asume como Mayordomo de ciudad, y el Sargento Mayor José Troncosso como Procurador General y Defensor de Menores. Ante la propuesta del Regidor Martínez del Monje de que “la casa de ciudad” se alquile a $60 anuales, pagaderos la mitad de contado y el resto a fin de año, se dispone revisar los libros de acuerdo para constatar lo acordado al respecto. “por estar la ciudad muy empeñada”, los Alcaldes Ordinarios se comprometen a abonar de su peculio, por mitades, los $30 anuales que tiene de salario el Portero.

- El cuerpo decide alquilar la “casa de ciudad” a Manuel Redruello Chacón, por el precio ofrecido de $90 anuales, por lo cual deberá desocuparla el Escribano de Cabildo Andrés Juan de Lorca. En razón de la falta de recursos, que determinó el cese de la contribución que se daba al Mayordomo “por vías de socorro y de ayuda”, se declara la imposibilidad de cumplir con el salario del Escribano de Cabildo. Al dársele noticias de que se buscaría una persona que le asistiera sin interés y que de obtenerse la permanencia de la romana se le habría de pagar, el Escribano manifiesta que seguirá ejerciendo sin salario, por ser vecino de la ciudad como “por el amor que le tiene”. Se resuelve escribir al General José de Aguirre para que solicite, “con la brevedad que insta la precisión”, la confirmación del derecho de romana. El Regidor Juan de Zevallos presenta las actuaciones que, el año anterior como Alcalde ordinario, obró contra José Crespo sobre transportar desde la otra banda del Paraná 100 vacas para el abasto, 50 pena de $200, y auto que el 16 del mes pasado proveyó el Gobernador disponiendo el cumplimiento de la orden, que el cuerpo acata y pone en ejecución. Las peticiones presentadas por el Procurador General y el Mayordomo se reserva para otro acuerdo.

- Se da vista al Procurador General de la información presentada por el Alcalde 1º sobre las faenas de sebo, grasa y cuero que están haciendo en la acción de la ciudad y de los vecinos, “Antonio Monzón, persona del Pueblo de Santo Domingo Soriano”.

- Ante la petición del Procurador General, se designa al Alcalde 1º, Juez en la información que levantará sobre un recurso de interponer referido a la acción de la ciudad.

Carpeta Nº 14 A f 94v a 95

- El Procurador General presenta una “petición de querella” contra Antonio, indio del Pueblo de Santo Domingo Soriano por los robos de sebo, grasa y cueros que cometió en la otra banda del Paraná, de acuerdo con los autos obrados por el Alcalde 1º. - Se resuelve elevarla al Gobernador, señalando que existe la presunción de que esos productos están destinados al comercio “con los portugueses de San Gabriel o con otras naciones”, en contravención de la prohibición existente.