- Se consideran las nueve cartas en copia que entregó el Gobernador de las Armas sobre la competencia de jurisdicciones suscitadas entre él y el Justicia Mayor. Éste da su parecer, exponiendo los siguientes puntos: 1º) que en dichas cartas el Gobernador no le confiere toda su autoridad política, como lo hace a los Alcaldes de 1º voto en su providencia del 25 de febrero de 1773, ni ninguna en particular sobre las licencias. 2º) que por ser la citada providencia posterior a las dichas cartas quedan derogadas todas aquellas cosas que incumben a la jurisdicción política. 3º) que da haberle conferido el Gobernador de las Armas el mando político, el Gobernador lo hubiere comunicado al Cabildo. 4º) que, suponiendo que el Gobernado de las Armas hubiese tenido algún derecho sobre la disputada jurisdicción, lo perdió enteramente al publicar su bando al día siguiente del exhorto que le cursó, por no esperar la decisión de dicho punto cita para ello la ley 8ª, título 9 libro 5º de la Recopilación de Indias. 5º) que n puede ponerse en duda la jurisdicción que le compete al Alcalde 1º, ante la falta de Teniente de Gobernador según lo prescripto por la ley 12 del título 3º, libro 5º de la Rec. Que se transcribe y 6º) por lo establecido en la ley 9º título 3º libro 5º, y además por ser uso y costumbre en la ciudad que los Alcaldes 1º han suplido las faltas de los Teniente de Gobernador. El cuerpo resuelve someter al Gobernador la disputa, remitiéndole la citada documentación y testimonio de los acuerdos en que se trató el asunto. Para esta diligencia, se designa Apoderado a Fernando de Prieto y Pulido, en 1º lugar, y a Antonio Mutis en 2º.